• Alberto Villagrasa (PP): “No vamos a permitir nunca que se silencie la falta de medidas de seguridad de los funcionarios de prisiones”
El diputado del Partido Popular en el Parlament de Cataluña Alberto Villagrasa ha defendido esta tarde la necesidad de crear un grupo de trabajo para analizar el informe de la Síndic de Greuges sobre las “dudas e irregularidades” que planean entorno al asesinato de la cocinera del penal Mas d’Enric. “Hay que investigar y profundizar en las medidas que se tomaron y los problemas que se dieron ese día y si hay que depurar responsabilidades, que se depuren”, ha manifestado.
Villagrasa ha hecho esta petición durante la presentación de una moción parlamentaria en la que también ha reclamado que se mejore la seguridad de los funcionarios de prisiones, que se les dote de más medios, se mejoren los operativos y el Govern “se olvide del buenismo que pone en riesgo a los funcionarios de prisiones”. Además, en la moción también ha pedido respaldo político para conseguir que el Congreso de los Diputados de luz verde a tramitar la declaración de agentes de autoridad al personal destinado a centros penitenciarios.
El parlamentario popular ha sido muy insistente en la cuestión de la seguridad de estos funcionarios después que las agresiones que sufre el colectivo hayan aumentado de forma exponencial, por esa razón su moción también propone someter a votación por parte de los propios funcionarios la parte de su convenio laboral que afecta a la cuestión de seguridad, dado que en la actualidad “tiene la desaprobación de casi el 50% de los trabajadores” que recogieron firmas en contra del convenio.
“No vamos a permitir nunca que se silencie la falta de medidas de seguridad de los funcionarios de prisiones”, ha advertido tras señalar que en 2023 se registraron en Cataluña 577 agresiones, mientras que el global de España está en las 508, lo que demuestra que “el sistema penitenciario catalán, en lo que hace referencia a la protección del trabajador público, es un sistema deficiente”. Villagrasa ha recordado que durante el Govern de ERC, las agresiones a funcionarios superaron los más de 1.100 casos entre 2022-2023, “lo que supone un modelo de fracaso del anterior gobierno”.