Juan Fernández califica de “muy fuerte y surrealista” que Illa, en lugar de asumir su responsabilidad frente a la okupación ilegal y recuperar esas viviendas para ponerlas al servicio de quienes realmente las necesitan, traslade el problema a los ayuntamientos. “Es decir, pasa la patata caliente a los alcaldes, que tienen que asumir las consecuencias y destinar recursos humanos, tiempo y dinero para gestionar una situación que la Generalitat nunca debió permitir”.
06 de julio de 2026.- El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha afirmado hoy que “el Gobierno de Illa se ha convertido en el mayor patrocinador de la okupación en España”.Para el secretario general del PPC, “el dato que retrata a la perfección el fracaso de la política de vivienda de Illa es que la propia Generalitat reconoce que tiene cerca de 1.200 viviendas públicas ocupadas ilegalmente. Es decir, más de un 5 % de todo el parque de vivienda que gestiona está fuera de su control”.
Juan Fernández ha lamentado que “lo más grave no es solo la cifra, sino la respuesta del propio Govern, porque, en lugar de asumir su responsabilidad y recuperar esas viviendas para ponerlas al servicio de quienes realmente lo necesitan, lo que hace es trasladar el problema a los ayuntamientos, descargando sobre los servicios sociales municipales una responsabilidad que es exclusivamente suya”.
En este sentido, considera que “es muy grave, muy surrealista, que Illa, cuando se detecta una ocupación ilegal en una vivienda pública, pase la patata caliente a los alcaldes y, en vez de actuar con firmeza y desocuparla inmediatamente, lo primero que haga sea pedir a los servicios sociales municipales que valoren el caso. Es decir, la Generalitat genera el problema y son los ayuntamientos quienes tienen que asumir las consecuencias, destinar recursos humanos, tiempo y dinero para gestionar una situación que nunca debió permitir”.
El secretario general del PPC considera que “es una enorme injusticia para los ayuntamientos, porque no están para convertirse en una oficina de gestión de las ocupaciones. Los servicios sociales municipales deben destinar sus recursos a atender a las familias vulnerables que cumplen las normas, a la gente honrada, a ayudar a las personas mayores que viven solas, a acompañar a quienes atraviesan dificultades económicas, a proteger a la infancia, a apoyar a las personas con discapacidad o en situación de dependencia y, en definitiva, a ayudar a quienes realmente lo necesitan y respetan las normas de convivència”.
En este sentido, ha lamentado que “cada hora y cada euro que los servicios sociales destinan a gestionar una ocupación ilegal se restan a la atención de las familias vulnerables, a las ayudas de emergencia, a la dependencia o a la protección de la infància”.
Asimismo, Juan Fernández ha denunciado que, durante demasiado tiempo, “se ha normalizado la ocupación ilegal y se ha transmitido un mensaje profundamente injusto: quien cumple la ley espera, mientras quien la incumple muchas veces consigue un premio”.”Cuando una administración pública permite que una vivienda social sea okupada ilegalmente está perjudicando directamente a quien lleva años esperando una adjudicación conforme a la ley. Y cuando una administración pública es incapaz de proteger su propio patrimonio, difícilmente puede proteger el patrimonio de los ciudadanos”, ha asegurado.
“Cuando incumplir la ley no tiene consecuencias, el sistema deja de ser justo. Miles de familias cumplen las normas y esperan durante años una vivienda protegida, mientras otras acceden a ella mediante una patada en la puerta y la ocupan ilegalmente”.
En este sentido, el secretario general del PPC se ha preguntado qué mensaje traslada la Generalitat a quienes respetan las reglas y permanecen en lista de espera. “No podemos decirles que ser honrado sale peor que saltarse la ley. Eso es inaceptable en una sociedad democrática y en un Estado de derecho”.
Por todo ello, Juan Fernández considera que Illa “patrocina la okupación ilegal en Cataluña, no porque la promueva de manera expresa, sino porque la tolera, la normaliza y no actúa con contundencia cuando se produce. Illa permite que miles de viviendas públicas que hemos pagado entre todos continúen okupadas ilegalmente sin ofrecer resultados sobre cuántas ha recuperado, cuántos procedimientos ha iniciado o cuánto tiempo permanecen esas viviendas fuera de su función social”.
Asimismo, ha citado como ejemplos los casos de Cerdanyola y Vilanova del Camí, donde hay viviendas y bloques ocupados ilegalmente mientras “la Generalitat mira hacia otro lado y no hace nada. Y eso no es un accidente; ese es el resultado de una forma de gobernar, de una administración que siempre llega tarde, que siempre encuentra una excusa y que nunca asume responsabilidades”.
“Y, mientras tanto, quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos honrados. Los ayuntamientos soportan la presión, los servicios sociales se saturan, las listas de espera siguen creciendo y las mafias que viven de la okupación encuentran un terreno cada vez más favorable en Cataluña”, ha lamentado.
Finalmente, ha reiterado que el Partido Popular defiende que las viviendas públicas deben destinarse exclusivamente a quienes las necesitan y las obtienen conforme a la ley, y que las administraciones tienen la obligación de actuar desde el primer momento para recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente. Además, ha defendido que los servicios sociales deben centrarse en atender a las personas vulnerables y no en gestionar el fracaso político de la Generalitat.
“Cataluña necesita que vuelva a existir un principio básico: que quien cumple la ley debe tener siempre prioridad sobre quien la incumple. Por eso pedimos al Gobierno de Illa que asuma sus responsabilidades y deje de trasladar este problema a unos ayuntamientos que ya están muy saturados”, ha concluido.
