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El Partido Popular lamenta que el gobierno de Salvador Illa esté al servicio del separatismo

El Partido Popular lamenta que el gobierno de Salvador Illa esté al servicio del separatismo

La formación reitera que realizará una “oposición constructiva” durante toda la legislatura, que en ningún caso renunciará a sus principios para alcanzar acuerdos y que la prioridad de estas cuentas debería ser la solución de los problemas reales de los catalanes

 “No nos plantearemos negociar los presupuestos mientras esté incluido el acuerdo de investidura entre PSC y ERC”. En las últimas semanas, tanto en entrevistas como en ruedas de prensa, el portavoz del Partido Popular en el Parlament de Catalunya, Juan Fernández, ha ido trasladando públicamente este mensaje y así lo ha transmitido en la reunión celebrada este martes en la Consejería de Economía.

Durante el encuentro, al que ha acudido junto a la diputada del partido, Miriam Casanova, con la intención de “escuchar” lo que el gobierno de la Generalitat les quería transmitir en relación a la elaboración de los próximos presupuestos previstos para 2025, ha reiterado que la intención es realizar una “oposición constructiva” durante toda la legislatura, pero que en ningún caso renunciaría a sus principios para alcanzar acuerdos.

En este sentido, el partido lamenta que el gobierno de Salvador Illa esté al servicio de ERC y Junts y se dedique a facilitar que apliquen su agenda separatista, como está ocurriendo esta misma tarde en el acto del 9N. El Partido Popular asegura que los presupuestos deberían tener como objetivo prioritario la solución de los problemas reales de los catalanes.

Juan Fernandez ha dejado claro que “el Gobierno de Illa debería destinar los presupuestos a reducir listas de espera en sanidad, a garantizar una educación trilingüe y de calidad, a expulsar a inmigrantes multirreincidentes, a incrementar el número de agentes para garantizar más seguridad en las calles y a eliminar impuestos propios”. Además, ha añadido que para que les cuadren las cuentas, la solución pasa por “realizar una macroauditoría del dinero público” del que disponen y “reducir drásticamente el número de cargos de confianza y entidades” que tienen a su servicio y que no contribuyen a mejorar la calidad de vida de los catalanes.